Artículo de Miguel Garrido: "A favor de la autonomía fiscal"

En los últimos días la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha manifestado en varias ocasiones su intención de limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y topar las rebajas fiscales que éstas puedan acometer. Parece que a la ministra no le gusta que alguna comunidad, especialmente la de Madrid, lleve más de 20 años haciendo uso de las competencias que, sobre los ingresos fiscales, les permite la normativa y que ha consistido en rebajar la presión fiscal de los madrileños, teniendo como consecuencia liderar el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de riqueza para el conjunto de los ciudadanos de nuestra región.

La Comunidad de Madrid ha sido y es un ejemplo de cómo deben actuar las administraciones autonómicas a la hora de gestionar la corresponsabilidad fiscal que les otorga el artículo 156 de la Constitución, referida a la autonomía financiera para el desarrollo y gestión de sus competencias. Haber optado por ser la Comunidad con una menor fiscalidad ha implicado que el PIB  per cápita sea un 35% superior a la media nacional, la deuda pública la mitad que la de Cataluña y que sea, de lejos, la que más aporta al fondo de solidaridad interregional.

Los hechos tienen consecuencias, y el resultado de que los madrileños y sus empresas soporten una menor presión fiscal que gran parte del resto de comunidades autónomas, es una mayor dinamización de la economía, mayor consumo, más y mejor empleo, más riqueza, más renta, más recaudación, mayores ingresos públicos y menor déficit presupuestario que la media nacional. Unos mayores ingresos que han posibilitado, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid haya realizado, en estos años, importantísimas inversiones públicas como son la ampliación de la red de Metro o la apertura de 12 nuevos hospitales para cubrir las necesidades de la población.

En definitiva, la sociedad madrileña goza de mayor bienestar al contar con una administración que gestiona más eficientemente los recursos públicos y que, sin exprimir a los contribuyentes como hacen muchos otros, opta por permitir a ciudadanos y empresas que ahorre, gasten o inviertan en lo que consideren generando un virtuoso círculo que ha beneficiado al conjunto de la sociedad.

Otras regiones españolas, entre ellas la andaluza, en la que la actual ministra ejerció muchos años la responsabilidad de la gestión de la hacienda pública, optaron por seguir el camino contrario. Pensaron que la vía más rápida y más sencilla de llenar sus arcas era aumentando los impuestos de sus ciudadanos. En estos años, en los que los políticos han tenido margen para gestionar determinados ingresos y gastos en sus territorios, la brecha en cuanto a PIB per cápita, paro, déficit, deuda y balanza de aportaciones al fondo de solidaridad interregional se ha agrandado, en todos los casos en la misma dirección.

Penalizar a los contribuyentes

Ante esta realidad caben dos reacciones, la de aquellos que se suman a estas evidencias y modifican sus políticas fiscales en favor de una reducción de impuestos en sus ámbitos territoriales, revertiendo de esa forma la dinámica negativa a la que estaban abocados, y la de aquellos que tratan de impedir, a los que han gestionado bien y han conseguido con ello un mayor bienestar para sus ciudadanos,  que continúen con esa senda de crecimiento y “armonicen”, es decir, penalicen a sus habitantes con mayores impuestos y se penalicen a sí mismos con una menor recaudación.

Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978, han sido numerosas las competencias que han sido trasferidas a las comunidades autónomas. A la vista de la situación en la que nos encontramos, quizás alguna de ellas debería ser revisada por los perniciosos efectos que ha tenido en nuestra convivencia. Pero que pretenda revertirse precisamente una que permite un mayor margen de maniobra en la gestión de los recursos públicos y que premie a los buenos administradores frente a los malos, sólo se entiende desde una posición interesada en ocultar los pésimos resultados obtenidos por aquellos que anteponen las ideologías a la realidad económica. 

Mientras tanto, los empresarios madrileños celebramos que la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su socio de gobierno, representado por el vicepresidente, Ignacio Aguado, hayan anunciado desde el primer momento su firme compromiso por continuar e intensificar la reducción de impuestos en todos los apartados sobre los que tengan competencias. No tenemos la menor duda de que ese el camino correcto para garantizar el bienestar de todos los madrileños. 

Artículo del Presidente de CEIM, Miguel Garrido, publicado el sábado 26 de octubre en periódico Expansión. 

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