CEIM manifiesta su compromiso con un sistema de financiación autonómica justo, transparente y basado en los principios de igualdad, solidaridad y equilibrio financiero recogidos en la Constitución Española.
Los empresarios de Madrid consideran inaceptable la propuesta de financiación autonómica anunciada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya que no reúne las condiciones mínimas de rigor, objetividad, transparencia y honestidad que requeriría una solución para articular un modelo justo y equilibrado para el conjunto de los españoles. A juicio de la Confederación, el planteamiento responde exclusivamente a intereses partidistas orientados a la preservación del poder político.
Garantizar el “principio de ordinalidad” a una única Comunidad Autónoma del régimen común -País Vasco y Navarra ya lo tienen asegurado por sus regímenes forales- supone un ataque frontal al resto de comunidades, que quedarían relegadas a una posición claramente desfavorable.
La Comunidad de Madrid realiza una contribución neta esencial a la financiación de los servicios públicos de toda España, por lo que no es aceptable que el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos se utilice para reforzar privilegios territoriales ni para sostener modelos de gasto que no responden a criterios de eficiencia, responsabilidad ni sostenibilidad.
Asimismo, CEIM rechaza firmemente cualquier intento de imponer subidas de impuestos a Comunidades Autónomas como Madrid bajo el argumento del supuesto dumping fiscal. La fiscalidad madrileña se enmarca plenamente en la legalidad vigente y constituye un modelo que ha demostrado ser eficaz para atraer inversión, generar empleo y aumentar la recaudación sin penalizar a familias y empresas; por lo que debería ser un ejemplo a seguir en lugar de penalizarse.
El modelo de financiación autonómica debe ser reformado con urgencia para resolver las graves deficiencias del actual. No obstante, la solución pasa por un diálogo leal y un acuerdo amplio y responsable entre todas las Comunidades Autónomas y los principales partidos políticos, que tenga en cuenta los factores de población, equidad y sostenibilidad entre españoles, y que promueva una gestión eficiente de los recursos públicos, reduciendo el gasto improductivo, superfluo e innecesario y apostando por la colaboración público-privada.
Exigimos al Gobierno que, en un asunto de tanta trascendencia para el conjunto de los españoles, aparque sus intereses particulares y los acuerdos con sus socios para continuar gobernando, y trabaje con lealtad con los representantes de todos los ciudadanos, con altura de miras, sentido de estado y buscando, únicamente, el interés general.
