CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE valora negativamente los decretos ley en materia de vivienda que el Gobierno someterá este viernes a convalidación en el Congreso de los Diputados. La Confederación considera que estas medidas son meros parches ante un problema real y estructural como el acceso a la vivienda, y que no atienden en ningún caso a sus verdaderas causas.
Los empresarios de Madrid consideran injustificable que, tras ocho años, el Gobierno no haya sido capaz de articular una política de vivienda consensuada y eficaz. Ante esta falta de resultados, el Ejecutivo vuelve a recurrir a la legislación de urgencia y sin diálogo con el sector. Son medidas que, lejos de resolver el problema, amenazan con agravar una situación ya especialmente grave para miles de familias y jóvenes.
CEIM advierte de que la intervención reiterada del mercado y el continuo deterioro de la seguridad jurídica están retrayendo la inversión y reduciendo la oferta, justo lo contrario de lo que se necesita. La vivienda exige reformas estructurales que incrementen el parque disponible y devuelvan la confianza a quienes promueven, construyen e invierten. Reclamamos al Gobierno que abandone la vía de la improvisación y apueste por el acuerdo y la estabilidad normativa.
Asimismo, CEIM considera igualmente inaceptable el nuevo ataque a las empresas, y en concreto, a las pymes, que acompañó ayer el anuncio de estas iniciativas. Las descalificaciones dirigidas desde el propio Gobierno hacia empresarios y pequeñas y medianas empresas, no siendo la primera vez que ocurre, constituyen una grave falta de respeto hacia quienes generan empleo, riqueza y oportunidades. Calificar a las empresas de forma despectiva y señalar públicamente a quienes invierten, arriesgan y crean puestos de trabajo resulta impropio de una economía avanzada. España no puede permitirse un clima de confrontación permanente con la iniciativa privada.
Por otra parte, CEIM manifiesta su preocupación por el impacto de la acampada de la Puerta del Sol sobre la actividad comercial, hostelera y turística. El derecho constitucional de reunión ha de ejercerse tras una comunicación previa que permite ponderar su impacto en los derechos de los demás. Por tanto, debe ser compatible con el normal funcionamiento de la zona y con los derechos de comerciantes, empresarios, trabajadores y visitantes. Por ello, solicitamos a la Delegación del Gobierno que adopte las medidas necesarias para restablecer la normalidad y preservar la actividad y la imagen de este enclave de Madrid.
